El Gobierno de Ecuador implementó un nuevo cobro según hectáreas concesionadas para reforzar la seguridad, pero la Cámara de Minería advierte riesgos en competitividad y control estatal.
Ecuador introdujo una nueva tasa de fiscalización minera con la que espera recaudar US$ 229 millones anuales, destinados a fortalecer la seguridad en zonas afectadas por la minería ilegal. Esta medida, que varía según el número de hectáreas concesionadas, tendrá mayor impacto en la etapa de exploración, lo que ha generado preocupación en el sector. “Esta tasa podría desincentivar la inversión legal y restarle competitividad al país frente a otras jurisdicciones”, advirtió Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME).
El contexto es crítico: 16 de las 24 provincias del país registran presencia de bandas criminales vinculadas a la extracción ilegal de oro, como Los Tiguerones, Los Lobos y los Comandos de la Frontera. Este fenómeno, conocido como “narcominería”, involucra redes transnacionales y representa un desafío para la autoridad estatal. “El 50% del oro exportado desde Ecuador proviene de fuentes ilegales, lo que equivale a US$ 1.300 millones anuales”, señaló Orozco. La CME ha propuesto revisar la tasa y reforzar la colaboración público-privada.
Actualmente, ya existe un mecanismo que permite a las empresas aportar a las fuerzas del orden y deducir hasta un 30% del impuesto a la renta, pero el gremio sostiene que nuevas cargas impositivas podrían debilitar la formalización y el control del territorio. La medida busca frenar el avance de organizaciones delictivas que afectan tanto la economía formal como la seguridad interna del país.
En paralelo, la inflación interanual de Ecuador alcanzó 1,03% en mayo, impulsada por el alza en electricidad. Esta división explicó el 97,28% del índice mensual, reflejando también una inflación acumulada de 1,59%. Medicamentos y consultas médicas especializadas mostraron aumentos, afectando principalmente a las ciudades de la Costa. Aun así, Ecuador mantiene una inflación menor al promedio de la Comunidad Andina y del Mercosur, según cifras oficiales.
