Por: Rolando Alza | Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) develaron una compleja red de transporte de insumos para la minería ilegal.
La minería ilegal ha encontrado en el Río Marañón, que recorre Áncash, La Libertad, Huánuco, San Martín, y Loreto, un corredor estratégico para expandirse de forma clandestina. Esta actividad ilícita no solo ha generado rutas subterráneas de abastecimiento y extracción, sino que también ha puesto en jaque al medio ambiente, la seguridad y la vida de comunidades indígenas en la región amazónica del Perú.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) han develado una compleja red de transporte de insumos para la minería ilegal específicamente en Loreto. El combustible, esencial para operar las dragas, es trasladado desde Iquitos a través del Río Nauta hasta desembocar en el Marañón. Desde allí, continúa por el Río Tigre hasta llegar al caserío de San Andrés, donde es almacenado y cargado en cilindros de hasta 60 galones.
El trayecto no culmina allí. El combustible es luego movilizado por tierra hasta un punto estratégico denominado Varadero, y desde este lugar, se utiliza un sistema de chalupas para internarse por la Quebrada Sacarita Larga hasta llegar al Río Nanay. Esta red logística clandestina ha sido pieza clave en el sostenimiento de las actividades mineras ilegales en zonas remotas del Marañón.
Para el especialista en temas mineros, Iván Arenas, el Marañón se ha convertido en un gran afluente de minería ilegal, pues se articula con circuitos de narcotráfico y tráfico de armas provenientes, incluso, desde la zona del Putumayo. Las armas, según indicó, llegan a través de Yurimaguas, Tarapoto y Bajo Tocache, reforzando una red delictiva que afecta directamente al tejido social y ambiental de la región.
Consultado sobre la posible producción de oro en estas zonas, Arenas fue tajante: “Imposible saberlo. La producción ilegal no se registra, no hay forma de cuantificarla”. Sin embargo, subrayó que existen territorios emergentes con niveles preocupantes de extracción ilegal, como Otuzco, Contumazá, y nuevamente San Ignacio (Cajamarca), los cuales comparó con la situación de Pataz, foco crítico de minería ilegal en el país.
Panorama alarmante
Entre 2022 y 2024, se identificaron 192 dragas operando ilegalmente en Loreto, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), mientras que la plataforma RAMI reportó 27,957 alertas de pérdida de bosque vinculadas a la minería ilegal, muchas dentro de áreas naturales protegidas.
Solo en 2024, los operativos de interdicción permitieron la destrucción de bienes ilegales valorizados en más de 2,000 millones de soles. Desde 2019, el Ministerio Público inició más de 7,200 investigaciones por minería ilegal en el país, con un incremento del 50 % en el último año, y se estima que en los últimos tres años esta actividad ha movilizado más de 3,721 millones de dólares como parte de redes de lavado de activos.
La minería ilegal en el Río Marañón no es solo un crimen ambiental; es una crisis multidimensional que afecta la gobernabilidad, la seguridad, la salud pública y la economía regional. Combatirla requiere más que operativos: se necesita presencia efectiva del Estado, control territorial sostenible, y una estrategia de desarrollo alternativo que incluya a las comunidades locales como actores clave en la defensa de sus territorios.
“La política pública debe seguir la geografía. El Marañón es el eje de informalidad y legalidad. Si no se entiende su dinámica económica, no se podrá diseñar una intervención eficaz. El Marañón debe ser el foco de cualquier estrategia seria contra la minería ilegal en el país”, subrayó Arenas.
Operativos y destrucción de maquinaria ilegal
Las autoridades han respondido con operativos en coordinación con la Marina de Guerra del Perú. En abril de 2025, una intervención liderada por la FEMA de Maynas logró desarticular una red operativa en la provincia de Datem del Marañón, con la destrucción de siete balsas dragas sin autorización ambiental.
En enero del mismo año, otro operativo permitió la incautación de un artefacto fluvial improvisado, compuesto por bidones, madera y plástico. En su interior se halló un motor de alta potencia, quince alfombras especializadas para cernir oro, un molinete y diversos insumos, todos empleados para extraer oro de forma ilegal, sin certificación de la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto.
Los efectos de esta minería ilegal son devastadores. La extracción descontrolada de oro ha provocado la deforestación acelerada de zonas de la Amazonía, la contaminación de cuerpos de agua con mercurio y la alteración irreversible de ecosistemas acuáticos.
El tejido social también ha sido profundamente afectado. Comunidades indígenas que habitan en las riberas del Marañón enfrentan amenazas constantes por su oposición a estas actividades. En 2024, se reportaron al menos tres protestas masivas en Loreto, organizadas por comunidades locales exigiendo la erradicación de la minería ilegal.
