El caso ha escalado aún más con la revelación de posibles nexos entre el crimen organizado y de la propia Policía Nacional.
La provincia de Pataz, en La Libertad, enfrenta una crisis de violencia sin precedentes. En el corazón de esta ola criminal se encuentraría una disputa entre al menos cuatro organizaciones que buscan controlar zonas mineras de alto potencial mediante el uso de armas, explosivos y bandas criminales ligadas a otras actividades ilícitas como el narcotráfico.
Entre ellas destaca «La Gran Alianza 2», una coalición delictiva que habría surgido tras el asesinato en Colombia de Josué Blas Lezama, alias “Gato Cote”, cabecilla de la primera versión de esta red. Hoy, su liderazgo recaería en Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, señalado como autor intelectual de la reciente masacre de 13 trabajadores mineros en una bocamina de Pataz.
Según el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, este grupo criminal está conformado por remanentes de bandas como “Los Pulpos”, “La Jauría”, “La Banda del Gordo Jhon” y “Los Compadres”, unidas con el objetivo de tomar por la fuerza el control de los socavones ilegales en la zona.
Alias “Cuchillo” no es un desconocido para las autoridades: en 2023 fue detenido por su presunta implicancia en un ataque armado contra la empresa minera Poderosa que dejó nueve muertos. Sin embargo, fue liberado apenas dos días después por orden del Ministerio Público.
Más implicados
El caso ha escalado aún más con la revelación de posibles nexos entre el crimen organizado y de la propia Policía Nacional. La Fiscalía ha identificado a dos agentes,Gianpaul Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas, como presuntos operadores de R&R Seguridad, una empresa informal que contrató a las 13 víctimas para labores de custodia minera. La compañía no figura en registros oficiales de SUNARP y operaba en la clandestinidad.
Estas revelaciones han encendido las alarmas sobre la infiltración del crimen en las instituciones del Estado y la débil fiscalización sobre las actividades paralelas de los efectivos policiales. La situación en Pataz expone un escenario de violencia, impunidad y corrupción que amenaza no solo al sector minero formal, sino también al propio tejido institucional del país.
¿Que empresas operan en Pataz?
El avance del crimen organizado en Pataz no solo representa una amenaza directa para la seguridad de la población, sino que también pone en riesgo la estabilidad de una zona clave para la economía minera del país. En esta provincia operan importantes empresas extractivas, tanto formales como informales, que generan empleo y contribuyen al desarrollo regional.
Destaca la Compañía Minera Poderosa, uno de los principales productores de oro del Perú, que ha sido blanco constante de ataques armados. Junto a ella, tienen presencia empresas como Cerro Verde y Las Bambas, conocidas por su producción de cobre, así como Yanacocha, una de las mayores mineras auríferas del país. También operan otras compañías como EMSA, Ermas e Invermin, que desarrollan actividades mineras en distintos puntos de Pataz.
La paralización de estas operaciones por motivos de seguridad —o su exposición a estructuras criminales que buscan controlar el subsuelo por la fuerza— podría tener impactos severos sobre la producción de minerales, la recaudación de regalías y el empleo formal en la zona. Lo que ocurre en Pataz, por tanto, no es un conflicto aislado, sino una señal de alerta sobre los peligros que enfrenta el modelo minero legal frente al avance de economías ilegales y estructuras de poder paralelas.
